“Desarrollar un proyecto integral turístico, económico y cultural que prevea otro tipo de inversiones y explotaciones y no solo las que tiene que ver con nieve. Se persigue que el lugar pueda permanecer abierto los 365 días del año sin necesidad de que solo funcione en la temporada de invierno”, reza la iniciativa oficial que admite que la reactivación requerirá también de una fuerte inversión en infraestructura, en la que el Gobierno pretende incluir a los privados que logren la concesión.
A la hora de justificar este proyecto, en el Gobierno ponen el acento en generar allí un polo turístico y se plantean medidas para facilitar la llegada de inversiones que amplíen la actividad económica provincial actual.
A nadie escapa que reactivar ese centro de esquí crearía una importante cantidad de empleo directo e indirecto en distintos rubros, no sólo los ligados a la actividad en sí, sino también en el alquiler de indumentaria, el transporte y los negocios gastronómicos aledaños.
De muestra valga recordar que en el expediente por el cual se judicializó la deuda que mantenía con el Estado la anterior firma que tenía la concesión figuraba que en el último año de actividad, sólo una de las boleterías de ese centro de esquí llegó a facturar $500.000 en una tarde.
Por qué ese centro de esquí está cerrado desde hace 4 años
El centro de esquí Los Penitentes estuvo concesionado desde 1978 a la familia López Frugoni, que lo explotó 40 años, luego de conseguir prorrogar esa concesión que había vencido en el 2013.
Pero durante la gestión de Alfredo Cornejo, y luego de comprobarse varias irregularidades en los servicios que se prestaban, sobretodo por falta de mantenimieento, el EMETUR, en ese momento liderado por Gabriela Testa, le dio de baja a los medios de elevación de Penitentes en la temporada del 2018.
Al año siguiente finalmente se le dio de baja a esa concesión y en julio del 2019, se aprobó la expropiación de los terrenos en donde estaban 6 polígonos estratégicos que permitían el acceso a los cerros.
Para pagar el costo de esas expropiaciones el Estado planteó descontar el valor de la enorme deuda impositiva que la firma arrastraba desde hace años: debía en su momento al Estado mendocino más $5,3 millones de impuestos que nunca pagó desde 1983 y -según el expediente judicial- a la AFIP le adeudaba $9 millones más.
Luego de esas medidas, los anteriores concesionarios llevaron la disputa a la Justicia, y el expediente llegó hasta la Suprema Corte de la provincia, pero fue el máximo tribunal quien le negó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de la Nación para continuar con la concesión y abrió así la posibilidad de un nuevo llamado a licitación que es lo que se concretó.
Fuente: Diario Uno
