Los 377,7 millones de dólares del plan de obras del que hablan todos
No hay nada que moleste y altere más en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, donde tiene sede la Gobernación, que aquella visión algo maliciosa –bastante, por no decir otra cosa– que se echó a correr desde la misma interna de la coalición de gobierno: que la llegada de la pandemia salvó al Gobierno. Es una figura que también se utilizó para el gobierno nacional de Alberto Fernández, al menos hasta que promedió el 2021. Hasta ese año, porque desde ahí en adelante, los equívocos de esa gestión, las malas decisiones y el hostigamiento continuo a los que los sometió el kirchnerismo más duro, han dejado expuesto que a nivel nacional lo que en verdad existe, cuando menos, es una suma de ineficiencias y de medidas antediluvianas ya probadas sin buenos resultados, y que nada tienen que ver con la solución que requiere la aguda y profunda complejidad de los problemas que acarrea el país desde mucho tiempo a esta parte.
Puede que la pandemia haya “salvado” la gestión de Suarez cuando se quedó sin aquel plan económico que intentó llevar adelante apenas asumió y que debió abortar por las manifestaciones antimineras. Pero, en su favor hay que sostener que decidió no cerrar la economía cuando todo el mundo lo pedía. Eso, junto con una buena estrategia sanitaria basada en la correcta administración y distribución de las vacunas, más una respuesta social responsable, hicieron el resto. En la comparación con el nivel nacional, lo realizado en Mendoza resalta y se destaca sin mayores esfuerzos.
Ahora, como se ha venido especulando desde fines del año pasado, desde el mismo día en que el gobernador admitiera por LVDiez que había comenzado a evaluar un plan B para los fondos de Portezuelo, esa voluminosa cantidad de letras en dólares que se está acumulando en una cuenta especial para construir un dique que, probablemente, no se realice nunca, o al menos en este tiempo, está llamado a convertirse en la segunda gran carta y oportunidad que tiene el Gobierno para su reencauce en medio de la crisis.
Si todo marcha como está previsto y viene sucediendo, a diciembre del 2023, el último mes de la gestión, el gobernador Suarez habrá reunido entre 800 y 900 millones de dólares, de un total de 1.023 millones, que se terminarán de cobrar en octubre del 2024. Si antes de todo eso, Suarez logra que se le autorice –tanto desde la Nación como probablemente como resultado de un acuerdo político amplio en la Provincia–, el uso de los fondos con otros fines, no resulta descabellado imaginar que tendría en sus manos más que una tabla salvadora del naufragio.
La pregunta es en qué invertir el dinero. El CEAS no le ha dado una respuesta contundente en proyectos de crecimiento y desarrollo provincial pensando en varios años a esta parte. La excepción ha venido del lado de Irrigación, que de pronto acercó un plan maestro de obras por 377,7 millones de dólares distribuido en toda la provincia. “Hace mucho tiempo que venimos trabajando en esto. El tema es que siempre ha costado y cuesta conseguir financiamiento”, respondió Carlos Martini, el director de Ingeniería de Irrigación, hombre clave en la administración de Sergio Marinelli, cuando se le consultó por la rapidez con la que había aparecido en público tal plan de obras.
Incluso, es probable que a Suarez no le sea necesario pedir alguna autorización especial para ordenar financiar las obras de Irrigación con los fondos de Portezuelo, porque podría interpretarse que el nuevo destino está dentro de lo que ha previsto la cláusula 3 del convenio firmado entre la Nación y la Provincia, entre Mauricio Macri y Alfredo Cornejo, en el 2019. Y, el de Irrigación es un plan que larga primero en medio de una previsible pulseada entre diversos sectores económicos por el uso de los fondos. Hay que esperar, sin dudas, enfrentamientos y duelos, más las consabidas operaciones de lobbies, entre el agro, la industria, el conocimiento, la metalmecánica, la minería y toda la construcción danzando alrededor de recursos que no siempre aparecen como estos.
Aquellos 377,7 millones de dólares del plan de Irrigación se reparten entre 121,6 millones en propuestas que ya tienen el diseño terminado y a los que les falta el proyecto de licitación; otros 194,3 millones en iniciativas que hoy configuran una idea sin anteproyecto y otros 45,5 millones de dólares en proyectos. A todos, hasta la aparición del plan B de Suarez, les faltaba el financiamiento. Hoy lo tienen más cerca y factible.
Desde el Instituto Nacional del Agua (INA) también se han manifestado sobre la alternativa inesperada que ha surgido para darle aire a un plan hídrico que resulta necesario e imprescindible en medio de varios años de sequía. Dijo el INA en un documento distribuido el miércoles: “Hoy, Mendoza está proponiendo un debate serio, sustentado y prospectivo sobre la gestión de los recursos hídricos para los próximos treinta años. Estamos firmemente dispuestos a participar en el mismo; somos un instituto de investigación, desarrollo tecnológico y divulgación científico-técnica. Nuestra tarea es investigar, analizar y proponer a fin de que las decisiones que se tomen desde la gestión sean informadas en todos los aspectos de importancia, para la población en general y los tomadores de decisiones en particular”.
Aquellos 377,7 millones se distribuyen en los cuatro ríos mendocinos. Al río Mendoza se destinan obras por 79,5 millones de dólares; al Tunuyán inferior, 30,5 millones; al Tunuyán superior, 90,1 millones; al Diamante, 64,2 millones y al Atuel, 113,3 millones.
En su mayoría se trata de obras hídricas vinculadas con el cambio climático en los departamentos, modernización de canales, nuevos canales, canales marginales, acueductos y diversos sistemas que se complementan con las obras y la estructura que ya existen. Es un camino ya trazado cuyo uso dependerá de una o varias decisiones políticas, pero al que también se tendrán que sumar otros. Pero, en lo que no se podrá caer es en errores, porque trenes como este suelen pasar una sola vez o muy pocas veces, en el mejor de los casos.
Fuente: Diario El Sol
