La renuncia de los abogados de De Vido podría postergar el juicio oral por la tragedia de Once
El inicio destaba previsto para el miércoles 27 pero existe la posibilidad de que la nueva defensa solicite tiempo adicional para interiorizarse del expediente.
El inicio del juicio oral al ex ministro de Planificación Julio De Vido por su responsabilidad en la llamada “tragedia de Once”, previsto para el próximo miércoles 27, se podría postergar ante la renuncia de sus abogados y la previsión de que la nueva defensa solicite tiempo adicional para interiorizarse del expediente. Con el objetivo de evitar esas demoras, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, que llevará adelante el juicio por el choque de un tren urbano del ferrocarril Sarmiento contra la estación de Once en febrero de 2012, que causó 52 muertes, instó hoy al ex funcionario y actual diputado del Frente para la Victoria (FpV) a nombrar nuevos representantes legales en las próximas 72 horas, advirtiendo que, caso contrario, le serán asignados defensores oficiales.
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, sumó su voz ante este escenario y pidió hoy sanciones contra los abogados del ex ministro kirchnerista -basándose en el artículo 113 del Código Procesal Penal”- por haber presentado sus renuncias “sin razones atendibles” con el objetivo de “demorar el inicio del juicio”, y reclamó a través de su cuenta oficial de Twitter la “intervención de la Defensora Oficial, Paola Bigliani”.
La renuncia de los abogados del actual diputado del FpV a todos los expedientes en los que éste se encuentra acusado, fue presentada por los letrados como una decisión tomada de común acuerdo. Además, esta renuncia se da cuando un fiscal solicitó la detención de De Vido en la causa por supuesta malversación de fondos para modernizar la mina de carbón de Río Turbio. Los abogados renunciantes -Adrián Maloneay, Julio Virgolini y Mariano Silvestroni- sostuvieron que la renuncia se debió a que en ninguna instancia judicial se les dio la “oportunidad real de contar con un proceso regular y respetuoso de los derechos que asisten a cualquier ciudadano que enfrenta un juicio penal”.