La postura de Mendoza sobre el proyecto que obliga a las escuelas a abrir los días de paro
El proyecto, conocido como “Ley Finocchiaro”, fue aprobado en Diputados. Apunta a garantizar una guardia mínima de personal directivo, docente y no docente durante las medidas de fuerza. Qué dicen la DGE y los gremios de la educación.
La Cámara de Diputados dio media sanción este jueves por la madrugada al proyecto que declara a la educación como un “servicio estratégico esencial” y obliga a las escuelas a abrir los días de paro con una guardia mínima, para garantizar así la continuidad de las clases.
La iniciativa, conocida como “Ley Finocchiaro“, fue impulsada por los bloques de Pro, la UCR y la Coalición Cívica, con el aval del oficialismo. En cambio, fue rechazada por el kirchnerismo y los bloques de izquierda, que alegaron que se vulnera el derecho constitucional a la huelga.
Con una norma que tuvo amplio consenso -que tuvo 131 votos a favor, 95 en contra y dos abstenciones-, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) aseguraron que en caso de ser regulada, “cumplirán”. Por su parte, los gremios docentes de Mendoza rechazaron la iniciativa.
“Como toda norma, si es regulada la DGE cumplirá. Pero lo cierto es que no tiene efecto en Mendoza ya que desde hace años se cumple con el derecho fundamental y de alguna manera se reguló esa esencialidad cuando se generó un ítem específico, ítem que luego todos los partidos han apoyado explícitamente“, dijeron desde la cartera que comanda Tadeo García Zalazar, trayendo a colación el ítem aula.
En concreto, el proyecto que ahora será votado en el Senado establece que la Nación y las provincias deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el ciclo lectivo escolar y que afecte al normal desarrollo de la actividad curricular.
La resistencia de los gremios
Tras expresar su disconformidad, desde el SUTE y SADOP, los sindicatos que nuclean a los docentes en Mendoza, afirmaron que el Gobierno “pretende perseguir a los trabajadores que se organizan” para reclamar mejoras.
“Estamos en una jornada de lucha nacional porque buscan reclamar a la educación pública un servicio esencial. Dicen que con esto tendrían las escuelas abiertas; escuelas abiertas que no tienen recursos, que no tienen merienda para todos los estudiantes, libros, computadoras, que no tienen programas nacionales y con docentes con malos salarios“, afirmó Carina Sedano, titular del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE).
Y agregó: “El camino que pretende el Gobierno nacional es un desfinanciamiento de la educación, perseguir a los trabajadores que se organizan para que no podamos reclamar mejores condiciones laborales, salariales, y mejores condiciones para nuestros estudiantes y la comunidad educativa”.
Por su parte, desde el sindicato de los docentes privados, sumaron que la Ley Finocchiaro “contraviene la Constitución y limita el derecho a huelga”.
“Lo único que pretende es impedirnos la huelga y el paro, que es la única herramienta que tenemos los docentes para manifestarnos y protestar por los salarios de hambre. En vez de tener iniciativas a favor de los trabajadores de la educación, lo único que hace esto es coartar las posibilidades de lucha, ignorando cómo funciona el sistema educativo“, expresó María Luisa Nasif, secretaria general de SADOP.
En este sentido, desde el sector sindical remarcaron que en los últimos años hacer un paro en la provincia es un tema “complejo”, teniendo en cuenta el aspecto salarial.
“La instauración del ítem aula es un porcentaje del sueldo muy importante, más el descuento del día, del presentismo, que hace que hacer los paros sea complejo por el tema salarial. Un día de paro significa no tener un 20% del salario. En la provincia ya está limitado el derecho al paro, pero esto sería otro limitante”, afirmó Nasif.
En qué consiste el proyecto
Declarando a la educación como “servicio estratégico esencial“, la Ley Finocchiaro propone que, en caso de paro, el 30% del personal de la escuela permanezca en sus puestos durante los dos primeros días de huelga, garantizando la continuidad de las clases.
En tanto, en caso de que la medida de fuerza se prolongue por más de dos días, el porcentaje se incrementaría al 50%.
Para asegurar que esto se haga efectivo, uno de los artículos del proyecto aclara que a principio de año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de la medida. Así, se permitiría una planificación anticipada y evitaría la interrupción total del servicio educativo durante los paros.
Fuente: Elsol
