La oposición denunció un “plan de impunidad” del kirchnerismo

Patricia Bullrich es una de las promotoras del documento que sostiene que el Gobierno lleva adelante acciones para “cobrar venganza”.

Dirigentes de Juntos por el Cambio, un grupo de abogados, intelectuales y personalidades de la cultura emitieron un comunicado para cuestionar las acciones del kirchnerismo. A través de un comunicado afirmaron que con las últimas medidas buscan “cobrar venganza”.

“Manifestamos nuestro más firme rechazo al plan de impunidad que ha puesto en marcha el kirchnerismo, para eludir la acción de la Justicia frente a las graves acusaciones por delitos contra la administración pública y el orden económico financiero por los que están siendo debidamente juzgados”, sostiene el texto.

El documento lleva la firma de referentes de Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff, Maxi Ferraro; intelectuales, como Santiago Kovadloff y Juan José Sebreli, y figuras como el actor Luis Brandoni y el escritor Federico Andahazi, y empresarios como Jaime Campos, entre muchos otros.

“Abusando del poder que hoy detentan, en los últimos días promovieron falsas denuncias, operaciones judiciales y mediáticas en medios militantes afines, con el objetivo de calumniar, injuriar y hostigar a quienes oportunamente los denunciaron o aportaron pruebas en las causas de corrupción y lavado de activos que los involucran”, continúa.

“Se pretende así cobrar venganza de quienes los llevaron al banquillo de los acusados, y al mismo tiempo sembrar temor, desalentando futuras denuncias e investigaciones de jueces, fiscales, funcionarios, periodistas, o simples ciudadanos” , continúa.

Además, refutaron la figura de “lawfare”, utilizada frecuentemente por la dirigencia kirchnerista para referirse a la actividad judicial contra Cristina Kirchner y decenas de exfuncionarios de su gobierno que tuvo lugar durante los cuatro años de gobierno macrista.

“A falta de elementos de convicción -enuncia el comunicado- que permitan contrarrestar las pruebas en su contra, recurren a la vieja estrategia de la victimización, inventando un relato de persecución, que hoy rebautizan con un anglicismo denominado: “Lawfare” .

El texto completo

Los abajo firmantes manifestamos nuestro más firme rechazo al plan de impunidad que ha puesto en marcha el kirchnerismo, para eludir la acción de la Justicia frente a las graves acusaciones por delitos contra la administración pública y el orden económico financiero por los que están siendo debidamente juzgados.

Abusando del poder que hoy detentan, en los últimos días promovieron falsas denuncias, operaciones judiciales y mediáticas en medios militantes afines, con el objetivo de calumniar, injuriar y hostigar a quienes oportunamente los denunciaron o aportaron pruebas en las causas de corrupción y lavado de activos que los involucran.

Se pretende así cobrar venganza de quienes los llevaron al banquillo de los acusados, y al mismo tiempo sembrar temor, desalentando futuras denuncias e investigaciones de jueces, fiscales, funcionarios, periodistas, o simples ciudadanos.

A falta de elementos de convicción que permitan contrarrestar las pruebas en su contra, recurren a la vieja estrategia de la victimización, inventando un relato de persecución, que hoy rebautizan con un anglicismo denominado: “Lawfare”.

En términos llanos, el ‘Lawfare’ que invoca el kirchnerismo no es más que la construcción de un relato falso, carente de todo sustento fáctico y legal. En efecto, quienes protagonizaron uno de los periodos más corruptos de la historia argentina, pretenden hacer creer a la ciudadanía que son víctimas inocentes de una ‘persecución’ fundada en razones políticas.

En este sentido, vale la pena recordar que la mayoría de las causas judiciales que hoy los comprometen fueron iniciadas cuando ellos mismos eran gobierno, y que si no avanzaron en aquel entonces fue por la falta de colaboración (o encubrimiento) de los órganos de control, sumado a la presión explícita que impunemente ejercieron sobre el Poder Judicial.

Fue esencialmente el marco de un nuevo gobierno, respetuoso de las instituciones, lo que movilizó a jueces y fiscales a avanzar en la búsqueda de la verdad, con la colaboración de diversos organismos públicos que volvieron a cumplir con su deber.

A ello se agrega la importante cooperación internacional en el marco de dichas causas, inédita en la historia judicial argentina. La misma incluyó la aplicación, por parte de otros países, de rigurosos procesos de constatación del pleno respeto al debido proceso y los derechos humanos (los que incluyeron verificar precisamente la inexistencia de motivaciones de índole político detrás de los requerimientos judiciales).

Las pruebas que sostienen la existencia de una verdadera asociación ilícita liderada desde la cima del poder y dedicada a saquear al Estado Nacional y a lavar el producto del delito para beneficio individual de sus miembros, son abrumadoras. Esas son las pruebas que deben ser examinadas por la Justicia, y no ignoradas como ellos pretenden.

Las falsas evocaciones al ‘Lawfare’ apuntan a consagrar la impunidad de los corruptos poniendo en jaque la fortaleza de nuestra democracia y principios básicos de su sano funcionamiento como la libertad de prensa, la autonomía de los organismos de control y la independencia del Poder Judicial.

La República Argentina ha asumido compromisos internacionales de luchar contra la corrupción y el lavado de activos y debe aplicar sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas a quienes cometan dichos delitos, recuperando el producto de los mismos en favor del Estado Argentino.

Por tratarse de delitos transnacionales que ponen en riesgo la integridad global, el mundo tiene puesta una mirada sobre el funcionamiento eficaz de nuestro sistema penal en estos casos. Nos mantendremos atentos a cualquier acción que busque evitar el cumplimiento de dichos compromisos, con el fin de consagrar la impunidad de corruptos y lavadores.

Somos hombres y mujeres comprometidos con la República y confiamos en que los magistrados no se amedrenten, honren la verdad, e impartan justicia. Confiamos en poder reafirmar que en Argentina rige aún el imperio de las leyes y no el de la voluntad de los que mandan.