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La Oficina Anticorrupción se pronunció en contra de Boudou y pidió a Anses que no le dé la pensión

La Oficina Anticorrupción se pronunció en contra de Boudou y pidió a Anses que no le dé la pensión

El Estado se opuso a la medida de la jueza Rojas quien hizo lugar a un amparo del ex compañero de Cristina Kirchner.

“Entiendo que los hechos que fundan las acusaciones al requirente implican la imposibilidad de que acceda al beneficio que pretende”, sostiene parte del dictamen de la Oficina Anticorrupción (OA) en respuesta al pedido de la Anses que le solicitó que se pronuncie sobre el reclamo de Amado Boudou que exige cobrar su asignación especial como ex vicepresidente.

Amado Boudou tendrá sentencia en el juicio de Ciccone después de 7 de agosto. Foto Rolando Andrade.

Con una apelación ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, el Estado se opuso a la medida de la jueza federal Ana María Rojas quien hizo lugar a un amparo presentado por el ex vice y ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) que se expida al respecto “en el plazo de veinte días de notificado, bajo apercibimiento” de ser denunciados penalmente por incumplimiento.

Al interponer la queja, el organismo que conduce Emilio Basavilbaso ganó un poco más de tiempo y lo que esperaba era la respuesta de la OA a quien le requirió que opine sobre si correspondía o no otorgarle la asignación especial al ex vicepresidente. El pedido se hizo al entender que el organismo actúa como querellante en varios expedientes judiciales que rodean a Boudou.

El dictamen, se entregó este viernes con la firma de Laura Alonso, y complica el pedido reiterado del ex ministro de Economía.

Fue confeccionado por la Subsecretaría de Investigaciones Anticorrupción a cargo de Ignacio Irigaray donde la Anses pidió que se pronuncien “acerca del otorgamiento de una pensión no contributiva en los términos de la ley 24.018, a favor del ex Vicepresidente de la Nación, Lic. Amado Boudou, en relación con los diversos procesamientos y acusaciones por hechos constitutivos de delitos contra la Administración Pública Nacional”.

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción. Foto: Néstor García.

Así, en las siete páginas del dictamen de la OA se realiza un detalle de cada uno de las causas penales que afronta el ex vice de Cristina Kirchner. Se recordó el juicio oral y público que enfrenta por la compra de la ex Calcográfica Ciccone, donde el organismo que conduce Alonso, pidió al Tribunal Oral Federal 4 que lo condene a la pena de 5 años y medio de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $90.000.

El ex vicepresidente de Cristina Kirchner solicitó desde el 10 de diciembre de 2015, a la ANSES el otorgamiento de la asignación mensual y vitalicia que prevé la Ley 24.018 para ex presidentes y vicepresidentes de la Nación y magistrados de la Corte Suprema.

“Esta Subsecretaría entiende que en caso de ser condenado, el solicitante debería quedar excluido del beneficio, en los términos del artículo 29 de la mencionada ley”.

El Artículo 29: “Se excluye del beneficio a quienes hubieran sido removidos en juicio político por mal desempeño, lo cual expresa una regla legal de mayor latitud, según la cual la asignación, en tanto premio o retribución, resulta jurídicamente incompatible con la conducta deshonrosa, determinada con fuerza de verdad legal, ya fuera por el Senado de la Nación (conf. art. 59 CN), o por el Poder Judicial de la Nación, por la comisión de delitos”.

El titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso. Foto Télam.

En la interpretación de la OA, el “juicio político” debe entenderse referida a “las causas de responsabilidad” que dan lugar a la remoción en el cargo, que no sólo se refieren al “mal desempeño”, sino también al “delito en el ejercicio de sus funciones” y a los “crímenes comunes”, con las “consecuencias de destitución y inhabilitación para “ocupar empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”.

Otra de las causas es en la que se lo procesó con una posterior ampliación, es en la que se lo acusó de enriquecimiento ilícito y en la que estuvo detenido durante 70 días. Es por la rendición de viáticos con facturas apócrifas.

Añaden además que el beneficio que reclama Boudou y que se judicializó tras dos años sin respuesta, es una “asignación, graciable y sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor y al mérito por el ejercicio del cargo”.

Se concluyó entonces, que “resulta jurídicamente incompatible otorgar el beneficio a quien ha cometido un delito en ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado Nacional”.

Otras causas

Además, se citaron las demás causas donde se lo acusa de defraudación al Estado por la renegociación de la deuda de Formosa con el Estado, donde intervino The Old Fund (dueña del 70% de las acciones de Ciccone) y propiedad de Alejandro Vandenbroele. Aún se encuentra en etapa de instrucción y todos los acusados fueron indagados a comienzos de año entre ellos Boudou, Gildo Insfrán.

Ante esta interpretación, el organismo estatal indicó: “Entendemos que una sentencia judicial que determina la comisión de un delito por parte de un potencial beneficiario de la ley 24.018”, y que en consecuencia “se desvirtúa la causa jurídica que da sustento a la retribución al honor y al mérito e impide legalmente su otorgamiento”.

Fuente: Clarin

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