Allí, a más de 3.200 metros de altura hay un valle de “condiciones inmejorables” para los amantes del esquí. Eso fue lo que José Beccar Varela, Alejandro Spinello y Daniel Alejandro Nofal descubrieron a lo largo de 15 años, desde el momento en el que divisaron la zona hasta hoy, que ya llevan más de 5 millones de dólares invertidos en el proyecto.
Cómo y por qué se instalaron en esta zona de humedales en altura. Quiénes dieron los permisos. Qué respalda -o no- legalmente la asignación de más de 12.000 hectáreas de tierras fiscales a una firma privada; cómo un proyecto de semejante envergadura podría caerse antes de lo previsto o qué obligaciones de cuidado ambiental deberán sortear los inversores si pretenden lo contrario es lo que intentaremos dilucidar en esta nota.
La imagen que nunca se le fue de la cabeza
José Beccar Varela, un guía de montaña que trabajaba en Las Leñas, visitó la zona en 2007. En ese entonces, un grupo de extranjeros llegó a la Argentina para filmar en un lugar con nieve y fue Beccar Varela el encargado de guiarlos en su recorrida de la cordillera por aire. Fue entonces cuando advirtieron el valle, en un lugar remoto ubicado a 200 kilómetros de Malargüe.
Nunca se olvidó de aquella imagen y empezó a soñar. Primero le contó a Daniel Nofal, quien tiene una casa en Los Molles, una empresa de energías renovables y es tan amante de la montaña como Beccar Varela. Juntos fueron por el mendocino Alejandro Spinello y así lo que comenzó como una loca idea empezó a tomar forma con el correr de los años al mismo ritmo con que se iba profundizando la escasez de nieve en los centros de esquí locales.
El primer paso fue obtener un permiso de Gendarmería nacional para instalar un campamento en la zona. Pasaron 9 años desde aquella primera visita por aire de Beccar Varela hasta la instalación de ese campamento en el invierno del 2018. José estuvo entre los valientes que pasó el crudo invierno a 35 grados bajo cero en carpa, junto a otros profesionales de la montaña. Tan inhóspito es el lugar que para sobrevivir recibían provisiones arrojadas desde un avión.
Aunque duro, ese invierno fue clave. Allí comprobaron que el lugar tenía realmente condiciones para poder transformarse, en algún momento, en un centro de esquí.
En el verano 2019, llegaron a un acuerdo con dos ocupantes del lugar que, según los documentos ingresados en el expediente 03129390 del año 2020, son los figuraban en ese entonces en el Registro Único de Puesteros (RUP). Estas dos personas, Eduardo Cabus y Oscar Antonio Policante, cedieron su derecho de ocupación legítima registrado en el RUP a la sociedad anónima El Azufre, a cambio del compromiso de mejoras en la zona, mantenimiento de rutas, conectividad y permiso para realizar las veranadas (pastoreo).
Aquí encontramos un primer punto de conflicto. Según un relevamiento realizado por la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, la zona Campo Potreros de Cordillera cuenta con al menos 15 puestos ubicados a la vera de la ruta 226 entre los que se encuentran, además de El Azufre de Cabus y Policante, otros denominados Cajón del Cura piedras grandes, Rincón seco, Cajón del Tiburcio, Laguna de los Patos, Invernada del viejo, Arroyo del gancho, Mayines colgados y Las tapaderas, entre otros.
Sin embargo, conforme el dictamen de Fiscalía de Estado, la dirección de Tierras Fiscales Provinciales y Comisionada de Áreas de Frontera de la Provincia de Mendoza comunicó en 1998 a Gendarmería Nacional que solo se autorizaba el uso del inmueble solicitado por El Azufre a los dos puesteros con los que finalmente se acordó la cesión de derechos; y que la Fiscalía verificó que ningún expediente abierto hasta 2019 se halla en contraposición con los derechos pretendidos por El Azufre S.A. sobre la zona delimitada conforme un plano de mensura aportado por los privados.
Hasta ese momento, según cuentan los inversores, el lugar pretendido para la asignación “no existía” en los registros, no había planos ni tenía nomenclatura catastral. Es entonces cuando, por primera vez, se advierte que la zona, que está dividida en dos sectores, tiene en total unas 12.400 hectáreas.
A esos números se llega teniendo como base los datos registrados en el RUP (registro de puesteros) y el trabajo que un agrimensor realizó desde el aire, en helicóptero.
Según reflejan los interesados, de esas más de 12.000 hectáreas que conforman la mensura, solo son “edificables” 200 de La Punilla. Y es en esa porción de tierra en la que planean concentrar el centro de esquí y el desarrollo inmobiliario, que en una primera etapa (hasta la fase 3 del master plan) se piensa con 3.000 camas. El terreno esquiable, agregan, alcanzaría sí unas 1.500 hectáreas en esa zona, hacia el norte del río Valenzuela (nacientes del río Grande).
De hecho, es allí donde desde aquel campamento del 2018 ejercieron ocupación, primero con carpas, luego con domos y recientemente con refugios más fuertes, que soportan más las bajas temperaturas de la cordillera.
La reunión con Cornejo y Suarez en octubre de 2019
Con el plano de mensura en mano, el permiso de instalación de Gendarmería nacional, la cesión de derechos por parte de los ocupantes legítimos de la zona (al menos según lo registrado oficialmente) y los estudios de viabilidad del proyecto, llegó el momento de avanzar ante el Gobierno de Mendoza.
Fue entonces cuando, en octubre de 2019, los socios se presentaron ante el entonces gobernador Alfredo Cornejo.
Pactaron con él un encuentro en el que Cornejo les presentó a Rodolfo Suarez, quien ya había sido elegido por los mendocinos como su sucesor. De la reunión participaron también Federico Zamarbide, por entonces diputado nacional, y Lisandro Nieri, que era ministro de Gobierno.
Con el visto bueno del Gobierno de Mendoza, además del del intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, Alejandro Spinello, José Beccar Varela y Daniel Alejandro Nofal iniciaron un expendiente en el ministerio de Gobierno a nombre de El Azufre S.A. para pedir la asignación de las tierras, que era el paso necesario siguiente para lograr la seguridad jurídica que necesitaban para continuar con las inversiones.
En el camino, se realizó el master plan del proyecto, que aún no ha sido presentado oficialmente en el expediente pero que sí está avanzado hasta una tercera fase de construcción. Para el mapeo de montaña se contrató a la empresa estadounidense Mountain Work, que describe al centro de esquí El Azufre “más como un parque nacional que como un típico complejo”.
En plena pandemia, cuando las sesiones de la Legislatura eran virtuales, fueron invitados por la diputada Verónica Valderde (PJ) a presentar el proyecto ante sus colegas. Y fue así cuando en 2020 los legisladores escucharon a los socios y declararon de interés general el emprendimiento.
Con el fin de seguir acreditando inversiones para lograr la asignación de tierras, se reemplazaron los antiguos domos que se usaron en la etapa de exploración por refugios más resistentes construidos por la empresa mendocina Ecolodge.
Y desde entonces trabajan en El Azufre un staff fijo de 20 personas, técnicos y científicos en su mayoría, más otras 30 personas rotativas y los empleados de empresas malargüinas (o del resto de la provincia) contratadas por la sociedad para diferentes tareas de mantenimiento, sustentabilidad e infraestructura.
Según surge del expediente, la firma lleva realizada en la zona una inversión de unos 5 millones de dólares.
La asignación de tierras
Una asignación es un acto por el cual se otorga el uso gratuito de un inmueble a una jurisdicción o persona, jurídica en este caso, para un servicio específico. Sobre ese inmueble, esa persona tendrá la administración.
Ese acto es el que el Gobierno de Mendoza concretó a favor de El Azufre S.A. el pasado 23 de diciembre mediante el decreto 2138/21 que fue publicado en el Boletín Oficial el 7 de enero de 2022.
El Estado provincial es considerado legitimador activo en la asignación de estas zonas de frontera en razón de la posesión que recibió por el decreto nacional 1551/69.
En particular, respecto de los terrenos ubicados en la zona Potreros de Cordillera, el entonces gobernador de Mendoza José Octavio Bordón firmó en 1991 un convenio con la Superintendencia Nacional de Fronteras, que luego fuera ratificado por el decreto 2.868/91, por el que se establecen medidas jurídicas y operativas para darle un destino final a esos campos.
Entre las obligaciones a las que se comprometió la Provincia se detalla un plan que contemple, entre otras pautas, la “asignación de unidades económicas a pobladores argentinos que estén radicados en la zona, especialmente si han realizado inversiones” y el “mantenimiento de emprendimientos turísticos de ciudadanos argentinos que hayan invertido en la zona”.
Dado que aquel convenio habla de “asignación” es que el Gobierno provincial, avalado por la Fiscalía de Estado, entiende que no es necesaria una licitación pública para el desarrollo de El Azufre S.A., que pudo acreditar en el expediente no solo la ocupación de las tierras sino también la inversión en las mismas, además del interés económico y turístico del emprendimiento que pretenden realizar.
Y ahora qué
Legal y técnicamente, la asignación de tierras es uno de los primeros pasos en el sueño de los ideólogos del centro de esquí El Azufre.
Para avanzar con el proyecto es necesario que se presente formalmente en el expediente el masterplan que incluye sus estudios de viabilidad, sustentabilidad, desarrollo inmobiliario y plan de inversión.
Una vez presentado se abre quizás la etapa más importante: el proceso de estudio de impacto ambiental (EIA).
Según explicaron desde el Gobierno de Mendoza, será un estudio “complejo” que abarque a varias áreas del Estado y se centrará, principalmente en la secretaría de Ambiente, quien puede trabajar en conjunto con institutos del Conicet como el Iadiza ( Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Aridas) y el Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).
En el paso a paso, una vez presentado el EIA, será necesaria también una audiencia pública a anunciarse mediante la publicación en el Boletín Oficial.
Y una vez cerrado administrativamente el proceso en la Provincia, si así se diera, se deberán enviar las actuaciones al Ministerio del Interior, que es el organismo encargado de evaluarlas y, como propietario de las tierras, de dar o no el visto bueno final al proyecto.
Eso no significa que, mientras tanto, las acciones en la montaña se paralicen, pero sí podría suceder, como pasó en el caso del complejo de esquí Punta Negra que se planeaba en el Valle de Uco, que el estudio de impacto ambiental resulte negativo y los inversores deban, no solo frenar las tareas sino también reparar el daño realizado y volver los terrenos a su status quo.
Hablar de tiempos es una utopía. Si bien los socios tienen incluso la intención de abrir una primera etapa del centro de esquí este mismo invierno, el andar del proyecto dependerá casi en exclusividad del estudio de impacto ambiental.
De sortear ese paso esencial con visto bueno, el plan es abrir al público por primera vez el complejo para 25 huéspedes y 40 empleados, llegando hasta la zona por aire, mediante helicópteros.
El objetivo es, una vez abierto, que llegue la inversión de 240 millones de dólares para avanzar hasta la fase 3 del masterplan que implica la instalación de desarrollos inmobiliarios para 3.000 personas.
Cómo es la zona y qué se podría evaluar en el estudio de impacto ambiental
El investigador, geógrafo y glaciólogo Pierre Pitte, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), explicó a Diario UNO que la zona en la que, en principio, se proyecta El Azufre es cercana al Volcán Peteroa, que tiene unos 4.130 m snm y está en una zona de mucha actividad volcánica.
Ese volcán se encuentra en el límite entre Argentina y Chile y tiene glaciares y manchones de nieve en ambas vertientes.
El proyecto El Azufre, según los primeros indicios del masterplan, dado que no está presentado oficialmente en el expediente, se está desarrollando en la margen izquierda del río Valenzuela, naciente del río Grande; mientras que el volcán está en la margen derecha, es decir, al sur.
“Además de los glaciares lo primero que uno aprecia en el valle son las vegas (humedales de altura) que son algunas de las más extensas de la provincia”, señaló el glaciólogo. De ahí que la intervención del Iadiza, que es el instituto de Conicet que estudia zonas áridas, sería clave a la hora de determinar las características, la vulnerabilidad y los posibles impactos en este tipo de ecosistemas.
Un grupo de expertos del mencionado Iadiza está actualmente realizando un inventario de los humedales de la cuenca alta del río Grande. En el mismo, que aún está en proceso y es realizado por la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial de la secretaría de Ambiente, el ministerio de Ambiente de la Nación y el Programa de Naciones Unidas (PNUD), en la zona en la que se instala El Azufre, habría unas 1.600 hectáreas de humedales, lo que representa uno de lo más grandes del oeste argentino y de Sudamérica.
Los humedales, explican desde el Iadiza, son ambientes que permanecen con agua por algunos períodos del año, lo que genera ecosistemas megadiversos. Son esenciales no solo para la vida animal sino también para la del hombre y son clave para el desarrollo regional.
En zonas áridas como la de Mendoza, su estudio y protección es fundamental.
Para saber si un desarrollo como el de El Azufre sería o no posible según su estudio de impacto ambiental la clave pasará por una zonificación adecuada y con limitaciones.
Según señalaron los expertos en la materia, todo proyecto sería posible en tanto y en cuanto su desarrollo fuera sustentable, se garantizara la preservación de los recursos hídricos tanto en cantidad como en calidad y los sistemas de humedales sin que se corte su curso o el flujo de alimento del mismo, para evitar que se resequen y, por ende, desaparezcan.
Sobre este punto, los socios de El Azufre aseguran que el proyecto cumple con los requisitos y que, de haber alguna opinión en contrario, están abiertos a trabajar en conjunto.
Otro aspecto clave a tener en cuenta, tanto respecto de la viabilidad de este como de cualquier otro proyecto en el que se vea impactado el ambiente, es que rigen como premisas ante la duda el in dubio pro aqua y el in dubio pro natura (ante la duda, el cuidado del agua y de la naturaleza).
El posible EIA que se espera llegue una vez que el masterplan sea presentado de manera oficial en el expediente tendrá que cumplir con el marco legal que protege el ambiente en el país y que está compuesto por normas como: la Ley General del Ambiente N°25.675, la Ley N°23.919 por la cual Argentina adhiere a la Convención Ramsar, la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N°26.339. Y en Mendoza, con la Ley 5.961 que rige el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, cuya autoridad de aplicación es la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial y la Ley de Ordenamiento Territorial N°8.051.
La sustentabilidad como premisa
Los inversores basaron su proyecto en la sustentabilidad. Daniel Nofal, uno de los socios, es fundador de Sustentator, una empresa proveedora de equipos de generación de energía solar en la cual tiene participación YPF.
Como conocedor en la materia, fue el encargado de explicar a Diario UNO cómo pretenden cuidar el impacto ambiental para que el proyecto avance.
Entre los puntos primordiales se encuentra la producción de energía en forma renovable, principalmente solar con baterías de litio y tanques de hidrógeno.
Respecto de los humedales, que podría ser el principal enfoque en caso de un estudio de impacto ambiental, Nofal afirmó que el plan es construir en zonas aledañas sin afectarlos, tanto que “con la plantación de árboles eficientes en el uso de agua en zonas secas se puede extender el verde puramente con riego ocasional por goteo, evitar evaporación y regular el derretimiento de la nieve”.
Como objetivo se encuentra también la economía circular, a la que se puede llegar minimizando el uso de plásticos y reciclando el resto con el excedente de energía que se produzca en verano.
Otra de las bases del proyecto es el uso de construcciones prefabricadas con alta aislación para el mínimo uso de energía; y el uso de materiales y proveedores lo más locales posibles para minimizar, de esa manera, el impacto del transporte. Mientras que respecto del combustible, la idea es producir hidrógeno verde.
Al estar desarrollado el masterplan en fases, entienden desde la sociedad que se pueden ir logrando aprobaciones parciales de inversión, impacto ambiental y construcción para ir avanzando de a poco, año a año.
Fuente: Diario Uno
