La contraofensiva del Gobierno: Bullrich pidió allanar a periodistas y Karina Milei logró que no difundan sus audios

Después del titubeo inicial, la Casa Rosada pisó el acelerador con presentaciones judiciales contra la prensa y una hipótesis que incluye espías rusos. Las amenazas que recibieron los autores de la investigación que destapó el escándalo.

La filtración de las grabaciones de Diego Spagnuolo fueron un golpe para el Gobierno y, después del titubeo inicial, la Casa Rosada pisó el acelerador. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal y pidió allanar a los periodistas que revelaron el escándalo. Karina Milei, por su parte, consiguió una medida cautelar para evitar que se continúe con la difusión de sus audios. La contraofensiva llegó y los autores de la investigación que destapó el escándalo denunciaron haber recibido amenazas.

El 19 de agosto, los periodistas Mauro Federico e Ivy Cángaro difundieron el primer audio. Desde entonces, en La Libertad Avanza todo es caos y confusión. La primera reacción del Gobierno fue el desplazamiento de Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad mientras intentaban determinar quién había sido el “traidor” que filtró las grabaciones a la prensa. Luego vino el intento por instalar que todo se trataba de una “operación” de sus adversarios.

Las explicaciones de Martín y Eduardo “Lule” Menem, a la prensa y en redes sociales, no fueron suficientes. Tampoco se entendió cuál fue el objetivo del presidente, Javier Milei, cuando decidió compartir el comunicado de la droguería Suizo Argentina, señalada como parte de la presunta red de recaudación ilegal. Las caravanas de campaña terminaron con disturbios en la calle.

La cautelar a favor de Karina Milei

Desde que comenzó el escándalo, cada día aparece una nueva grabación de Spagnuolo. Pero el viernes 29 de agosto hubo una filtración que heló la sangre de los funcionarios del gobierno nacional. Con claridad, en el fragmento se escucha la voz de la secretaria general de la Presidencia y aunque el contenido no era comprometedor, la idea de que Karina haya sido grabada en la Casa Rosada sembró el pánico.

Ese mismo día, con el asesoramiento del abogado Santiago Viola, Karina pidó una medida cautelar que le fue otorgada el lunes 1 de septiembre. El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Marianello dispuso “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación”. El magistrado prohibió que fueran reproducidos “por cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales de todo sitio, plataforma y/o canal web”.

Desde el Gobierno distribuyeron la resolución de Marianello, pero evitaron dar a conocer la presentación que hizo Karina. Según ellos, para evitar que “se hable de otras cosas cuando lo importante es lo que dice el juez” a pesar de que se trate de los argumentos de la hermana del Presidente para limitar el ejercicio del periodismo.

En sus fundamentos, el juez sostuvo que la decisión no busca convalidar la censura previa “en tanto la medida bajo análisis se circunscribe únicamente a una restricción de carácter provisorio y excepcional al ejercicio de la libertad de prensa” y que se sustenta en “la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos”.

La decisión de Maraniello fue cuestionada por la prensa y por la oposición, que analiza la medida como una búsqueda por evitar la cobertura del tema. También, y en paralelo, fue puesto en la mira el propio magistrado y su trayectoria: en 2024, cuando se postuló para ascender a camarista, fue denunciado por abuso sexual. En total, se abrieron seis expedientes y hace dos semanas fue notificado por el Consejo de la Magistratura para que haga su descargo.

La denuncia de Patricia Bullrich contra la prensa

En paralelo a la cautelar de Karina, Bullrich presentó una denuncia penal para que se investigue la filtración. Su hipótesis es que se trata de una “operación de inteligencia ilegal”. En la demanda, firmada por el abogado Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera de Seguridad, se pidieron allanamientos y se deslizó la existencia de una supuesta red de espías rusos.

Bullrich pidió que se allanen los domicilios de “Franco Bindi Jorge Rial, Pablo Toviggino, Mauro Federico y todo otro interviniente sin fueros parlamentarios, a fin de secuestrar dispositivos electrónicos (computadoras, notebooks, teléfonos, discos externos, pendrives) y documentación vinculada a las maniobras descriptas, de las cuales pueda determinarse quiénes fueron los organizadores y partícipes de los delitos cometidos”.

En la denuncia, Bullrich habla de “maniobra golpista”. Bindi es el esposo de la diputada Marcela Pagano. Se trata de un empresario dueño de medios de comunicación. La primera en vincularlo con esta historia fue la legisladora de La Libertad Avanza Lilia Lemoine. “Es un personaje ubicado desde hace años en la intersección entre política, medios e inteligencia”, dice la denuncia.

A Jorge Rial Bullrich lo califica como un “tradicional operador mediático” y señaló que el periodista “adelantó la existencia de videos durante el transcurso de su propio programa” en referencia a la presentación que se hizo de la investigación.

Fuente: Perfil