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La concejal Galamba solicita el congelamiento de las tarifas de gas, luz y agua

La concejal Galamba solicita el congelamiento de las tarifas de gas, luz y agua

Presentó un proyecto para que Diputados de la Nación apruebe una ley que proteja a los consumidores y sectores productivos

Desde hace dos años diversos sectores sociales le solicitan al gobierno nacional una serie de medidas para mitigar el efecto del aumento desmedido de tarifas:

  • devolución del sistema de subsidios a los usuarios;
  • que se considere la zonificación, ya que provincias como Mendoza, tienen diferentes temperaturas y amplitud térmica que hacen que la mayoría sean usuarios de alto consumo;
  • que las tarifas sean acordes a la situación y al contexto económico, social y climático;
  • y que no sean dolarizadas.

Este reclamo llegó a las Audiencias Públicas del gas y la electricidad en las que numerosos representantes de los usuarios elevamos dichos reclamos al Ministro de Energía y Minería advirtiendo sobre las consecuencias que dicho aumento traería sobre los usuarios y los sectores productivos, reclamos que lamentablemente no fueron escuchados.

Atentos a esta problemática en la legislatura nacional se ha presentado un proyecto de ley (Expediente 0310-D-2018)  para su abordaje  cuyo propósito es:

  1. Suspender los aumentos tarifarios de los servicios públicos de gas, electricidad, agua potable y cloacas – aprobados por los distintos decretos, resoluciones y disposiciones nacionales – a partir del mes de enero de 2018.
  2. Prohibir nuevos aumentos por el plazo de un año a partir de la sanción de dicha ley.
  3. Y establecer que los futuros aumentos se adecuen a criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva, así como ser justos y accesibles.

El proyecto también prevé la situación del desfasaje entre los índices de inflación y los aumentos salariales fijados para este año, por lo tanto, establece que el aumento de las tarifas no podrá exceder el promedio del Coeficiente de Variación Salarial del año calendario inmediato anterior; que no podrá haber más de un aumento anual en cada uno de los servicios enunciados; y que el mismo deberá ser aplicado de manera escalonada.

Por otra parte, establece que las empresas prestatarias de servicios públicos no deberán incumplir sus obligaciones en perjuicio de los usuarios y consumidores y tampoco podrán efectuar distribución de dividendos sin la previa acreditación del cumplimiento del plan de inversiones correspondiente y contar a tal fin con la autorización de la autoridad regulatoria de cada servicio.

En este sentido, es importante resaltar que esta política de aumento de tarifas se realiza por una supuesta necesidad de renovación e inversión para mejora de los servicios, pero lo cierto es que durante el verano los usuarios de las grandes ciudades tuvieron que soportar los cortes de electricidad y ahora deberán abonar tarifas altísimas de servicios costosos e ineficientes.

Como sostiene el fundamento de dicho proyecto, la programación y sucesiva fijación de aumentos en los precios de gas y energía eléctrica por parte del Ministerio de Energía y Minería y aprobación de subas en los cuadros tarifarios (con intervención del ENRE y ENARGAS), están guiados expresamente por la búsqueda de quita de subsidios, el tipo de cambio y otras variables referidas a los precios de cada mercado energético, pero sin consideración de lo que es primordial, la capacidad de pago y el impacto de las tarifas en los ingresos de trabajadores, la sustentabilidad y costos para PyMes, industrias, clubes de barrio, asociaciones de bien público.

Además, es importante remarcar que, como resultado de estas medidas, durante estos dos años diversos sectores y actores sociales se vieron obligados a demandar en el Congreso leyes o excepciones que atendieran situaciones particulares (personas electrodependientes, bomberos, cooperativas, clubes de barrio, entre otras). Demandas que en muchos casos llegaron a la justicia con pedidos de amparo y que marcan un estado de excepcionalidad. Por todo esto es necesario que se discuta en el Congreso una norma integral que fije los lineamientos de esta política sobre la base de la equidad y la sustentabilidad productiva.

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