Extinción de dominio: la DGE se quedará con bienes de la corrupción por este cambio

Extinción de dominio: la DGE se quedará con bienes de la corrupción por este cambio

El proyecto fue aprobado de manera unánime por ambas cámaras. El juez penal tiene un tiempo para liquidar muebles e inmuebles.

La Cámara de Senadores dio sanción al proyecto de modificación del Régimen Procesal de Extinción de Dominio que le permitirá la Dirección General de Escuelas disponer de los bienes  provenientes de delitos de corrupción. La iniciativa fue presentada por el ministro de Educación, Cultura, Infancia y DGE, Tadeo García Zalazar, con el fin de buscar mayor financiamiento para el sistema educativo provincial.

A un poco más de un mes de su presentación, la Casa de Leyes aprobó uno de los dos proyectos que envió el Ministro de Educación al recinto. Ya con el Régimen Procesal de Extinción de Dominio aprobado, el oficialismo provincial irá por el tratamiento de la Creación del Fondo Permanente de Infraestructura Escolar.

De manera unánime, las dos cámaras legislativas aprobaron el proyecto que apunta a la agilización administrativa para que la DGE pueda poseer aquellos bienes que fueron incautados por corrupción o por activos ilícitos.

El principal cambio se dio en el inciso IX, apartado f) del artículo 210, del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia, Ley N.º 9001.

Esta modificación señala que la cartera educativa podrá disponer de aquellos bienes que no fueron comprados en los remates públicos que las ofertas presentadas consideren “antieconómicas“.

De esta manera, y una vez finalizada la audiencia pública, el juez encargado de los bienes tendrá un lapso de 90 días para transferir los bienes a la DGE.  Esta medida se enmarca en la Ley 9151, que fue incorporada en el proceso de extinción de dominio tras el proceso de adquisición de dominio por prescripción previsto en el CPCCyT.

Desde el Gobierno provincial, remarcaron que el objetivo de esta reforma es recuperar rápidamente los bienes adquiridos ilícitamente, especialmente los provenientes de delitos de corrupción, cuando el imputado no pueda justificar su origen en un juicio civil.

Es una ley muy importante porque avanza sobre las consecuencias que tienen los delitos de corrupción. Mendoza es la primera provincia que tiene una ley de extensión de dominio que permite que los bienes que la justicia obtiene por condenados de corrupción, específicamente a la Dirección General de Escuelas”, resaltó la presidente del bloque de Cambia Mendoza, del senado, Natalia Einsechlas.

En la actualidad, el único bien confiscado por causas de corrupción que tiene disponible el Ejecutivo provincial y por el cual la DGE puede hacerse acreedora es la casa del exintendente de Guymallén, Luis Lobos. El inmueble ya cuenta con fallo y dos subastas fallidas.

Desde el área de Gobierno de Educación están a la espera del tratamiento y posterior aprobación del proyecto  de la Creación del Fondo Permanente de Infraestructura Escolar. Esta iniciativa buscará adueñarse de los fondos y activos financieros derivados de herencias vacantes.

Según estimaciones de la cartera que conduce el exintendente de Godoy Cruz, hay cerca de 40 inmuebles valuados en cerca de 4.000 millones de pesos.

Fuente: Elsol