El ítem aula, otra vez metido en la campaña y en el gobierno se relamen

Todos, o casi todos, los mendocinos recuerdan que cuando Alfredo Cornejo alcanzó la Gobernación en las elecciones del 2015 lo hizo prometiendo poner en caja un Estado que lucía desordenado desde varios puntos de vista, en especial, el financiero, con cuentas sin pagar que se fueron acumulando de a millones durante los dos últimos años de gestión del peronista Francisco Pérez.

Pero si algo ratificó el mismo día en que asumió, aquel 9 de diciembre del 2015, fue su empeño por evitar el desmadre de las cuentas en el ámbito de los sueldos públicos, una de las causas del descontrol existente. Y fue ese mismo día, el primero de su gobierno, cuando lanzó una de las frases más recordadas de su paso por la Gobernación, porque la misma daría paso a la medida más polémica de la administración que acompañaría a Cambia Mendoza hasta nuestros días. Dijo Cornejo: “Necesitamos privilegiar a ese maestro y optimizar los recursos. No es justo que haya tres o cuatro suplencias por cargos pagadas por el Estado”. Y al año siguiente debutaría el reconocido ítem aula, una suerte de adicional equivalente a 10 por ciento del salario que los docentes perderían si no asistían a trabajar sin aviso previo o de forma injustificada.

El ítem aula se comenzó a aplicar en el inicio del ciclo lectivo del 2016 y fue instaurado por un decreto que años después fue considerado constitucional por la Corte de Justicia mendocina. El adicional se calcula sobre “el 10 por ciento de la asignación de clase, estado docente, zona y antigüedad, remunerativo y no bonificable, con alcance para el docente que se encuentra con licencia ordinaria, licencia por maternidad, licencia por accidente y enfermedad profesional”. Este adicional fue modificándose con el tiempo, al punto que hoy lo cobra la inmensa mayoría de los docentes, incluyendo a quienes se encuentran en cambio de funciones y sólo han quedado afuera los que gozan de licencia gremial.

Ahora resulta que el ítem aula va camino a convertirse en uno de los grandes temas de la campaña electoral por la Gobernación. Con la sola excepción del oficialista Cambia Mendoza, que lleva a Cornejo como su candidato, el resto de los frentes y partidos que se preparan para la contienda ha puesto reparos a su aplicación y hasta se propone, como lo está haciendo el peronismo, incorporarlo al salario básico de los docentes; otros, revisarlo por completo “porque claramente fue persecutorio”, según argumentan desde el frente de Omar De Marchi, La Unión Mendocina y hasta, incluso, la fórmula Luis Petri-Patricia Giménez, que compite dentro de la PASO de Cambia Mendoza contra Cornejo y Hebe Casado, está impulsando una modificación al adicional, una revisión que apunte a premiar la calidad y la excelencia, según ha dicho Giménez, docente jubilada y que también estuviese al frente de la DEIE con la gestión de Julio Cobos.

Los gremios docentes de parabienes, quién lo duda, frente al nuevo bloque de discusión y de alta polémica en ciernes que se presenta, de cara a la campaña por la seducción de los votantes. Y tampoco hay que descartar que quien puede estar festejando, por qué no, sea el propio oficialismo, con un Cornejo que ganará en comodidad por volver a discutir un tema del pasado que le permitió cosechar una buena cantidad de adhesiones cuando, en su discurso político, consiguió enfrentar a los gremios con el resto de la sociedad e, incluso, con una importante cantidad de docentes que apoyaron el adicional y vieron que los gremios, particularmente, el SUTE, el más importante e influyente de todos, al que comenzaron a interpretar como un defensor de privilegios y beneficios de unos pocos, más que el universo de los maestros en sí mismos.

La oposición compartirá, por su lado, un mismo argumento de campaña al cerrar fila contra un adicional que en verdad frenó las inasistencias de los docentes de manera notable, en un ámbito esencial, el educativo, que suele no tolerar deficiencias en el servicio, al menos en el dictado de las clases. Porque se sabe que, como todo, adolece de un buen estándar de calidad y que, dentro de lo que se tiene, se hace lo que se puede.

Claramente, todas las opciones de estrategias y, en particular, al momento de la construcción de un buen mensaje, efectivo y que produzca dividendos político-electorales, se corren riesgos. El proponer la eliminación de un adicional que contó en su momento con un fuerte apoyo general de la sociedad, con la excepción de los gremios docentes, puede esconder resultados inciertos, más si el oficialismo no sólo lo ratifica como es de prever, sino que lo puede sumar al otro argumento de batalla que, al menos en el pasado reciente, le significó beneficios: el enfrentarse a un sector político, digamos por caso el kirchnerismo, al que siempre lo pegó a los enemigos de los esfuerzos, de los sacrificios y del mérito, claro está. De ahí a considerar a quienes prometen una eliminación del ítem como “vagos” y “populistas”, se estaría a la vuelta de la esquina.

El oficialismo se relame, porque de consolidarse la discusión como central, saldría a recordar los números de eficiencia que dejó el ítem desde el 2016 en adelante, no sólo en el ámbito de la educación estrictamente dicho, sino también en el impacto fiscal. Por caso, Jaime Correas, el director General de Escuelas de aquella gestión, reitera hoy los logros de ese tiempo: antes del ítem aula, el ausentismo oscilaba entre 18 y 20 por ciento, mientras que en el sector privado era de 5 por ciento. Después del ítem, el ausentismo estatal cayó a 5 por ciento y, en el sector privado, siguió siendo de 5 por ciento.

En lo fiscal, durante el primer año de aplicado, se dejaron de pagar unos 1.000 millones de pesos y, a lo largo de los 4 años, se ubicó por arriba de los 4.500 millones de pesos, dineros que iban a solventar el pago de suplencias y el costo de las licencias.

Antes del ítem, el ausentismo promedio se ubicaba entre los 40 y 50 días, todos por las razones que esgrime la ley, entre ellas, las vinculadas con enfermedades. Antes del ítem, según los argumentos del propio gobierno, y ante la asistencia a un médico por una dolencia menor, el profesional solía preguntar cuántos días quería de licencia, mientras que hoy las mismas dolencias no superan los 3 días al mes que permite de ausencia total el cobro del adicional o los 11 en el año.

Se avecina, probablemente, una fuerte disputa político-electoral que dará que hablar, en particular, al momento de los argumentos, tanto para los que lo pretenden eliminar como para los que lo ratifican y todo por un simple adicional por presentismo, común y silvestre.

Fuente: Elsol