El Gobierno disolvió el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas
Lo hizo a través de un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial.
Através de un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno disolvió el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas. Creó dos entes autárquicos: uno para los militares y otro para las fuerzas federales de seguridad.
El Gobierno nacional oficializó la restructuración integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), una institución que desde hace años enfrenta problemas estructurales y financieros, y dio lugar a dos nuevas obras sociales autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
La decisión figura en el Decreto 88/2026, publicado en el Boletín Oficial, que ordena la disolución y liquidación del IOSFA, y establece una transición para garantizar la separación ordenada de activos, personal y prestaciones entre los nuevos organismos. El objetivo oficial es enfrentar un desequilibrio financiero persistente que dejó a la obra social con un déficit de magnitudes críticas, estimado en torno a los 200.000 millones de pesos.
La nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) quedará bajo la órbita del Ministerio de Defensa y atenderá la cobertura médico-asistencial del personal militar en actividad, retirado y pensionado, así como de sus familias primarias. El organismo tiene mandato de asegurar prestaciones que no podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio, y su directorio estará integrado por representantes de cada fuerza armada.
En paralelo, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) quedó bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional. Esta entidad asumirá la atención sanitaria y social de personal de fuerzas como Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, así como de eventuales futuras incorporaciones de otras fuerzas federales. Su directorio será designado por la cartera de Seguridad y deberá acreditar idoneidad técnica en gestión pública o administrativa.
El decreto dispone que ambas obras sociales deberán destinar al menos el 80 % de sus recursos a prestaciones de salud, con un tope del 8 % para gastos administrativos y operativos, y hasta un 12 % restante para otras prestaciones sociales solo si las obligaciones primarias están cubiertas.
La reestructuración de la obra social se produce en medio de un colapso operativo que arrastra desde hace años. Afiliados de todo el país denunciaron en 2025 que las prestaciones de salud se suspendieron en muchos casos y que, pese a ello, seguían aplicándose descuentos en sus haberes, obligándolos a pagar consultas y tratamientos por fuera del sistema.
Fuente: Perfil
