El escándalo del Correo Argentino
Una situación insólita atraviesa al expediente concursal sobre el Correo Argentino, de la familia Macri, que le debe al Estado 4000 millones de pesos. A pesar de la orden de la Cámara Comercial, la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, se niega a avanzar en la investigación de maniobras de vaciamiento denunciadas por la fiscal de Cámara Gabriela Boquín. El tribunal de alzada había respaldado el pedido de la fiscalía para profundizar medidas de prueba sobre retiros de fondos en favor de las empresas controlantes de Correo, SOCMA y SIDECO, que son pilares del Grupo Macri, y sobre investigación más reciente que mostró el desvío de al menos 35 millones de pesos hacia estudios de abogados, consultoras y agencias de publicidad, algunos vinculados al gobierno actual. Correo es una empresa declarada inactiva, por lo que no tendrían explicación semejantes movimientos de dinero.
El viernes último, apenas recibió el expediente de la Cámara Comercial, la jueza Cirulli firmó una resolución –a la que accedió Página/12— en la que dice que no hay nada nuevo en lo planteado por Boquín ni las camaristas (María Lilia Gómez de Díaz Cordero y Matilde Ballerini) y que no ve la necesidad de impulsar nuevas medidas. La postura coincide con los planteos del Correo, que incluso a fines de abril se volvió a negar a que sean revisados los libros contables de SOCMA y SIDECO, y presentó un recurso para pedirle a la Corte Suprema que impida esa pesquisa. Lo cierto es que a dos años de la primera denuncia de Boquín sobre vaciamiento, en primera instancia no se tomó ni una sola medida de prueba.
