Abusos en el monasterio de Tupungato: el denunciante era menor de edad
A dos años del caso Próvolo que tiene a dos sacerdotes y una monja acusados de presuntos delitos contra la integridad sexual, otro hecho involucra seriamente a miembros de la Iglesia Católica mendocina: la Justicia imputó ayer a dos sacerdotes de un monasterio de Tupungatopor una larga serie de delitos sexuales que van desde corrupción a violación.
El caso explotó el jueves, cuando la policía detuvo a los monjes Diego Roque y Oscar Portillo, dos religiosos de Buenos Aires que regentean, desde 1996, el monasterio del Cristo Orante, ubicado en la paradisíaca zona de Gualtallary, a 14 km de Tupungato.
Ayer los dos curas fueron imputados por una larga batería de delitos sexuales en una cantidad de hechos que no fue informada por los investigadores, según detalló en conferencia de prensa el Procurador Alejandro Gullé, junto al jefe de los fiscales, Gonzalo Nazar, y el jefe de la Fiscalía del Valle de Uco, Javier Pascua.
Las imputaciones son por abuso sexual agravado por acceso carnal; tentativa de abuso sexual agravado por acceso carnal; abuso sexual simple agravado por ser figura de autoridad; corrupción de menores y corrupción de mayores.
Estas figuras penales permiten inferir que los abusos comenzaron cuando el denunciante era menor. Concretamente, arrancaron en 2009 cuanto tenía 17 años y terminaron en 2015, cuando tenía 23, según la denuncia. Hoy el joven tiene 26 años. Los curas, por su parte, tienen más de 50.
Hace un par de meses el denunciante, luego de trabajar la situación traumática con un psicólogo, decidió recurrir a la Justicia y denunciar a Roque y a Portillo.
Inicialmente el caso fue investigado por Cecilia Bignert de la fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual. Luego Gullé decidió unificar todas las denuncias en la Fiscalía del Valle de Uco, porque fue allí -en el Monasterio- donde se cometió el abuso más grave: la presunta violación.
Seriamente complicados
Trascendió que uno de los curas está más complicado porque tiene la imputación más grave (abuso sexual con acceso carnal); en tanto que el otro está imputado por el mismo delito pero en grado de tentativa. Ambos sí están imputados por los restantes figuras penales señaladas.
Los abusos comenzaron en el Monasterio, donde el denunciante habría sido corrompido sexualmente, es decir que fue víctimas de actos sexuales iniciáticos e inadecuados para su edad.
Con el tiempo las agresiones sexuales habrían seguido en el monasterio y también en Ciudad, en la vía pública. Los presuntos agresores sexuales no actuaban juntos, sino cada uno por su cuenta.
A dos meses de la denuncia inicial, el expediente tiene ya importantes avances: existe una pericia física que demostraría signos de abusos y también un adelanto de la pericia psicológica de la presunta víctima.
Para los especialistas del Cuerpo Médico Forense la denuncia es, inicialmente, seria: el joven es creíble, confiable y no tiene alteraciones psicológicas. Ahora, los test y pruebas se profundizarán.
Ayer a la mañana Roque y Portillo fueron traídos desde el Valle de Uco hasta Tribunales, donde se decidió que la causa quedara bajo la órbita del fiscal Jorge Quiroga (subrogado por Facundo Garnica) y supervisados por Pascua.
Los sacerdotes estaban al tanto de la situación previo a ser detenidos, ya que habían pedido a través de sus abogados mantener la libertad. Ahora se decidirá si les dan el beneficio de la prisión domiciliaria solicitada por ambos.
Por qué los denunció ahora
“Él entiende, tras haber hecho un examen de conciencia y de trabajar con un psicólogo, que hay otros jóvenes en el monasterio que podían sufrir lo mismo que él”, sostuvo ayer el fiscal Javier Pascua, a la hora de explicar por qué el joven había tomado ahora la decisión de llevar el caso a la Justicia.
Además, agregó que la víctima había querido tomar los hábitos y estado viviendo bajo ciertas reglas en el monasterio, aunque es confuso para la Justicia saber si fue cuando aún era menor de edad.
El Arzobispado conocía el caso
El procurador Alejandro Gullé explicó que desde el Arzobispado se entregó la documentación de una “investigación administrativa” en contra de los monjes Diego Roque y Oscar Portillo a raíz de una denuncia penal.
“Está a punto de ser elevado a un tribunal eclesiástico y es anterior a la denuncia. Los hechos tienen que ver pero no son calcados, no se habló en principio de acceso carnal, se habló de temas vinculados, aparentemente no son delitos”, argumentó Gullé.
“No investigamos a la Iglesia como institución sino a solo dos sacerdotes. Hemos recibido el ofrecimiento del colaboración del Arzobispado”, afirmó.
Fuente: Diario Los Andes
