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Cuadernos de las coimas: un empresario se convirtió en arrepentido y confesó sobornos

Cuadernos de las coimas: un empresario se convirtió en arrepentido y confesó sobornos
Juan Carlos de Goycoechea, ex-CEO de Isolux, reconoció ante el juez Bonadio que les pagó a funcionarios kirchneristas porque lo “apretaban” y le pedían plata para la campaña; no será testigo protegido por ahora
Juan Carlos de Goycoechea, ex-CEO de la constructora Isolux, se convirtió anoche en el primer empresario arrepentido que declaró en la causa en la que se investiga el pago de sobornos por US$200 millones a funcionarios del kirchnerismo para mantener contratos de obras públicas. Admitió que le pagó al gobierno de Cristina Kirchner , pero resaltó que los montos “no son los que se dicen”, y que lo hizo porque lo “apretaban” pidiéndole plata para campañas electorales.

De Goycoechea no ingresará en el programa de protección de testigos e imputados del Gobierno, como sí lo hizo anoche Oscar Centeno, el chofer que escribió los ocho cuadernos con los recorridos de los recaudadores de fondos ilegales para el kirchnerismo, la prueba fundamental de la causa aportada por LA NACION.

Con la confirmación de De Goycoechea, la investigación habrá dado un paso gigantesco porque dos fuentes independientes sin relación entre sí pueden verificar que existió una cadena de recaudación ilegal. Según personas de su confianza, el empresario declaró anoche ante el fiscal Carlos Stornelli y admitió que pagó dinero al gobierno kirchnerista y relató el modo como se hacía.

Pero dijo que ocurrió bajo presión de los funcionarios. Declaró que no tenía más remedio que pagar, pero negó que hubiera efectuado pagos por seis millones de dólares, como estimó el chofer Centeno en sus anotaciones. Dijo que la cifra era menor.

Ahora el acuerdo de colaboración debe ser homologado por el juez Claudio Bonadio. De Goycoechea se entregó ayer. El pedido de detención lo había sorprendido esquiando en las laderas de La Hoya, Esquel. Por la tarde salió de la fiscalía de Carlos Stornelli, sin esposas y acompañado por dos hombres con camperas de la Policía Federal y por su abogado, Jorge Landaburu. La reunión con Stornelli duró horas. El fiscal le explicó los beneficios de declarar como arrepentido y sus compromisos. Debería aportar información y pruebas que la convaliden que permitan acusar a alguien por encima de él en la cadena de responsabilidades y eventualmente confirmar evidencias ya conocidas.

Stornelli dejó su despacho cerca de las 20 y se negó a confirmar si De Goycoechea era el nuevo arrepentido. Caminó escaleras abajo un piso del edificio de Comodoro Py 2002, desde su oficina del quinto piso al despacho del juez Claudio Bonadio en el cuarto, donde Oscar Centeno estaba ampliando su declaración. Bonadio se mostró conforme con sus aportes, al punto que homologó el acuerdo al que Centeno había llegado con el fiscal Stornelli.

Fue similar al acuerdo que le propuso a De Goycoechea: se comprometía a aportar información para esclarecer la trama de corrupción a cambio de obtener beneficios que le garanticen la libertad en lo inmediato y una reducción de pena en caso de ser condenado.

Quienes vieron a De Goycoechea en el despacho de Stornelli describieron su estado de ánimo; estaba con miedo, confundido. “De repente estaba de vacaciones esquiando un miércoles y se encuentra con que tiene un pedido de captura y aparece en los diarios como prófugo de la Justicia, se entrega y termina esposado en la alcaidía de los tribunales”, dijo uno de sus allegados. De Goycoechea estaba asustado con quedar detenido y daba cualquier cosa por no perder la libertad.

Con ese ánimo se sentó a conversar con el fiscal. Stornelli tiene en sus manos evidencias que complican a De Goycoechea en la trama de corrupción que pusieron a la luz los cuadernos en los que Centeno describió la ruta de la recaudación ilegal.

García Ramón, exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal, también se presentó ante la Justicia
García Ramón, exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal, también se presentó ante la JusticiaCrédito: Twitter

Las evidencias de los cuadernos contra De Goycoechea lo acorralaron: Centeno lo ubica como protagonista de un pago de 6 millones de dólares a Baratta que tuvo lugar en Maipú 741, suma de dinero que a su vez le entregan a Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner .

Según escribe Centeno: “Llevé al Licenciado [Baratta] a Maipú 742 donde se encontró con dos personas y luego subieron al 1 B y luego bajaron del Dpto. el Lic. y una persona con una valija más o menos de 90 cm de alto, por 40 de ancho y 20 cm de espesor. Yo la cargué en el baúl del auto y pesaría más o menos 40 kgs. Era dinero. Y luego lo llevo al Lic. a su dpto. donde se baja con la valija y luego lo traje al Lic. al ministerio. Las personas son de Isolux-Corsan, en la valija había más o menos 6 millones de dólares”.

Hay otras menciones en los cuadernos de pagos de cifras menores desde 250.000 dólares a 1.200.000.

Juan Carlos De Goycoechea es un abogado cordobés, profesor de derecho administrativo. Formó parte del equipo de letrados del fallecido Luis Ferraro, cuyo estudio estaba especializado en bancos y finanzas.

La empresa

Hasta febrero, encabezó la representación en Argentina de la constructora española Isolux, pero enfrentó un sumario y los españoles lo echaron con acusaciones de malversación de fondos.

La constructora facturaba en el país más que en España . A 2015, la facturación que Isolux conseguía en Argentina bajo la conducción de De Goycoechea representaba el 35% de los ingresos totales, que sumaban 1000 millones de euros.

La obra más importante que el grupo tenía en la Argentina era la central térmica de Río Turbio ( Santa Cruz ), un proyecto de 1260 millones de euros del que fue separado por el gobierno de Mauricio Macri por incumplimiento de contrato, en marzo de 2018.

En noviembre de 2017, la Ciudad de Buenos Aires le rescindió el contrato por la obra del Paseo del Bajo y Vialidad Nacional le dio de baja la adjudicación para construir una autovía entre Trelew y Puerto Madryn , en Chubut .

Él fue despedido en marzo de 2017, sospechado de integrar un grupo de directivos que habrían cometido una malversación por varios millones de euros, en su propio beneficio, por medio de la entrega de cheques de pago diferido.

Fuente: La Nación 

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